El gobierno kirchnerista de Axel Kicillof vuelve a mostrar su falta de compromiso con la salud y el bienestar de los bonaerenses, esta vez dejando en evidencia su desidia al acumular una deuda de $4100 millones con el Hospital Garrahan.
La prestigiosa institución ha salido a reclamar públicamente el pago de esta importante suma de dinero, que sin duda es crucial para poder continuar brindando atención médica de calidad a miles de personas en la provincia de Buenos Aires. La falta de cumplimiento por parte del gobierno provincial pone en riesgo la continuidad de los servicios y el acceso a la salud de quienes más lo necesitan.
Esta situación pone en relieve una vez más la mala gestión y la irresponsabilidad del gobierno de Kicillof, que prefiere destinar recursos a gastos superfluos en lugar de priorizar la salud y el bienestar de los ciudadanos. Es inadmisible que se ponga en riesgo la vida y la salud de las personas por decisiones negligentes y falta de compromiso con las instituciones fundamentales para el cuidado de la población.
Es importante recordar que el Hospital Garrahan es reconocido a nivel nacional e internacional por su excelencia en el tratamiento y cuidado de niños y adolescentes, siendo un pilar fundamental en el sistema de salud argentino. El no pago de esta millonaria deuda no solo afecta a la institución en sí, sino que repercute directamente en los pacientes que dependen de sus servicios para recibir atención médica especializada.
Es necesario exigir al gobierno de Kicillof que cumpla con sus obligaciones y priorice la salud y el bienestar de los bonaerenses. No se puede permitir que decisiones irresponsables y falta de compromiso pongan en riesgo la vida y la salud de las personas más vulnerables. Es fundamental garantizar el acceso a la atención médica y velar por el funcionamiento adecuado de instituciones tan importantes como el Hospital Garrahan.
En un momento donde la salud pública es más importante que nunca, es imperativo que las autoridades actúen con responsabilidad y transparencia, priorizando siempre el bienestar de la población por encima de cualquier interés político o económico. Los ciudadanos merecen un gobierno comprometido con su salud y dispuesto a garantizarles un acceso equitativo y digno a los servicios médicos necesarios.
