Política
Pullaro recusa a cuatro ministros de la Corte para que no le tumben dos puntos clave de su ley jubilatoria
El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, ha decidido recusar a cuatro ministros de la Corte Suprema de la provincia en un contexto tensionante, relacionado con su reciente ley jubilatoria. La disputa legal surge mientras el tribunal debe tomar decisiones sobre programas previsionales que afectan la ley impulsada por Pullaro, que establece recortes a los haberes de jubilación de los empleados del Poder Judicial.
Los funcionarios recusados son Eduardo Spuler, Rafael Gutiérrez, Roberto Falistocco y Rubén Weder. Según justificó el poder ejecutivo, estos ministros están en condiciones de jubilarse, lo que comprometería su imparcialidad al juzgar un asunto que les beneficiará directamente.
La ley en cuestión implementó un aporte solidario para los jubilados cuyos ingresos superan un determinado umbral, afectando a muchos en el sector judicial. Las manifestaciones de jueces y empleados en contra de estas medidas han sido severas, destacando la movilización en la entrada de los tribunales de Rosario, donde se congregaron un centenar de magistrados para expresar su rechazo.
Las críticas a la ley, que incluye un tope máximo de jubilación y un aporte solidario, han sido contundentes. Abogados y magistrados alegan que las reformas son inconstitucionales y perjudican severamente los ingresos de los jubilados. En este contexto, muchos de los casos relacionados con estos cambios se dirimen actualmente en la Corte de Santa Fe, donde Pullaro busca desplazar a los recusados para evitar un posible fallo adverso.
Desde el ámbito judicial, se cuestiona la decisión del gobernador, ya que los opositores consideran que las recusaciones son una maniobra política más que una justificación legal válida. En este sentido, se argumenta que no existe un razonamiento sólido para considerar que solo los ministros próximos a jubilarse están comprometiendo su imparcialidad, dado que todos los jueces en algún momento enfrentarán el mismo camino.
El comportamiento del gobierno frente a la Corte se percibe, según algunos actores del sistema judicial, como un intento de consolidar una mayoría afín a su ideología y garantizar la continuidad de su agenda política.
Así, la situación se torna compleja, ya que inevitablemente repercute no solo en el ámbito judicial, sino que también se enmarca dentro de una crítica más amplia sobre las prácticas y decisiones que toman las autoridades provinciales en materia de derechos laborales y previsionales.
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