Política
Drama en la Patagonia: Milei bajó 78% los fondos para el combate de los incendios
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El reciente recorte de presupuestos en la Patagonia ha generado gran preocupación entre organizaciones y residentes de la región. El gobierno de Javier Milei ha establecido una reducción del 78% en los fondos destinados al combate de incendios forestales, según lo estipulado en el Presupuesto 2026.
Este ajuste se traduce en una asignación de solo $20.131 millones para el Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF), lo que representa un descenso real del 69% en comparación con 2023, y un 78,5% menos respecto a 2025. Asimismo, durante 2024 y 2025, el gobierno únicamente ejecutó el 22% y el 75% de las partidas asignadas, respectivamente, lo que significa que miles de millones no fueron utilizados para mejorar la infraestructura y capacitación de brigadistas.
Las condiciones actuales para los bomberos y brigadistas en la Comarca Andina de Chubut son difíciles. Dado el aumento en los incendios forestales—que han arrasado vastas hectáreas de bosques nativos—los recursos disponibles son claramente insuficientes. En particular, se ha observado que la cantidad de horas de vuelo para la lucha contra el fuego se reducirá de 5.100 horas en 2023 a solo 3.100 en 2026.
Además, el gobierno ha planificado desactivar la Ley de Manejo del Fuego, aprobada en 2020, que prohibía ciertas actividades en terrenos afectados por incendios, con el objetivo de prevenir la explotación de dichas áreas. Organizaciones como Greenpeace, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales y el Observatorio Petrolero Sur han denunciado este tipo de políticas, advirtiendo que favorecen intereses inmobiliarios por encima de la protección ambiental.
Maximo Kirchner, figura clave en la oposición, ha solicitado públicamente que el presidente reconsidere esta derogación, argumentando que favorece actividades como la quema de tierras para su posterior comercialización. A su juicio, esto no solo es perjudicial para el medio ambiente, sino que también pone en riesgo a los habitantes de las áreas afectadas.
La situación es alarmante, y la falta de acción adecuada pone en tela de juicio la responsabilidad del gobierno frente a una crisis que no solo afecta a la Patagonia, sino también a todo el país. El compromiso con la protección del medio ambiente y la seguridad de los ciudadanos debe estar por encima de los intereses económicos y políticos.
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