Política
El gobierno afirma que detuvo a un venezolano “terrorista” que se infiltró en el país
El gobierno argentino detuvo a un venezolano sospechoso de ser “terrorista” tras ingresar al país de manera ilegal. La aprehensión ocurrió en Corrientes, en el puerto de Ituzaingó, y fue ejecutada por la Prefectura Naval Argentina (PFA) el pasado 20 de diciembre.
El individuo, quien alega haber sido parte del Ejército de Venezuela, presenta múltiples heridas de arma blanca y una bala alojada en su abdomen. Su historia fue corroborada tras el cruce de información con Interpol, que confirma su vinculación militar.
Este mismo sujeto había sido detenido en junio de 2024 en Estados Unidos, donde portaba un arma blanca y manifestaba haber llegado al país a través de México. La identificación y captura en Argentina se llevaron a cabo gracias a un proceso meticuloso que incluyó el análisis de su trayectoria migratoria por varios países, entre ellos Colombia, Ecuador, Perú, Chile y Bolivia.
Se ha indicado que el detenido posee entrenamiento militar especializado y se considera que su afiliación con el Tren de Aragua justifica el estado de alerta del gobierno argentino. Esta organización ha sido catalogada como terrorista por Estados Unidos.
Además de ser sospechoso de terrorismo, el detenido tiene antecedentes de homicidio y existe una orden de captura en su contra en Canadá por delitos de lesiones graves y amenazas.
Desde el gobierno se destaca que esta situación evidencia un problema más amplio en la región: la inestabilidad en Venezuela, resultante del debilitamiento del régimen, ha generado desplazamientos internos y el surgimiento de actores violentos que buscan expandir su influencia a otros territorios.
La detención simboliza no solo una respuesta a la infiltración de grupos criminales, sino también una reflexión sobre cómo los cambios en un país pueden impactar en la seguridad de otros.
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Política
Trump suspendió las visas a Brasil, Colombia y Uruguay a cinco meses del mundial
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Donald Trump toma medidas drásticas con visas de inmigrantes
Esta suspensión será efectiva a partir del 21 de enero y se realizará mientras se revisan los procedimientos migratorios actuales. Entre los países afectados se encuentran varias naciones de América Latina, como Antigua y Barbuda, Bahamas, Belice, Barbados, Cuba, Guatemala, Haití, Jamaica, Nicaragua, y más.
La medida genera especial preocupación debido a que Brasil, Colombia y Uruguay cuentan con gobiernos progresistas que han criticado abiertamente las políticas de Trump y debido a su rol en el próximo torneo de fútbol, que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá.
El portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, explicó que el objetivo de esta acción es evitar la entrada de inmigrantes que puedan convertirse en una carga pública para el país. Según las declaraciones, se utilizará la autoridad existente para declarar no elegibles a estos inmigrantes.
Además de estrangular la posibilidad de visados para estos países, otras naciones, como Ecuador, Argentina y Paraguay, han quedado exentas de esta medida, lo que les permitirá participar en el Mundial sin restricciones. Este hecho resalta las relaciones diplomáticas que mantienen con EE.UU. y la postura alineada que comparten con la administración de Trump.
La noticia ha generado reacciones diversas en América Latina, donde algunos líderes políticos han considerado la medida como un intento de control sobre la migración desde regiones críticas. Es importante señalar que esta suspensión podría tener un impacto significativo no solo en los que desean asistir al Mundial, sino también sobre aquellos que buscan iniciar un nuevo capítulo en su vida en Estados Unidos.
La situación seguirá evolucionando, y será crucial mantener un seguimiento sobre cómo estas decisiones influirán tanto en la política migratoria de Estados Unidos como en las relaciones diplomáticas con las naciones afectadas.
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Política
En Cancillería afirman que el Programa Antártico atraviesa la peor crisis en décadas
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La situación del Programa Antártico Argentino es crítica, según fuentes consultadas en Cancillería y militares. Se afirma que atraviesa la peor crisis en décadas, en parte provocada por el traslado de la administración de las bases científicas a la órbita del Ministerio de Defensa.
Un diplomático experimentado indica que el expediente para el traspaso está avanzando rápidamente, pero persiste la resistencia interna debido a desacuerdos técnicos y legales. Este cambio, además, parece estar relacionado con la reducción progresiva de la Dirección Nacional del Antártico (DNA) y la transferencia de su presupuesto.
Los cuestionamientos se centran en la Secretaría de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, liderada por Paola Di Chiaro, y la coordinación con el Comando Conjunto Antártico (Cocoantar), que se encuentren en una situación de subfinanciamiento.
- Funcionarios de Cancillería, como Cynthia Hotton y Alejandro Torres Lépori, han perdido influencia en el tema antártico y responden a decisiones militares.
- Este cambio ha llevado a que sus intervenciones deban ser autorizadas previamente, generando una cautela inusual.
Las Fuerzas Armadas, por su parte, han expresado su incomodidad ante el rumbo hacia la militarización de la Antártida, lo que podría contradecir el Tratado Antártico que prohíbe la presencia militar en la región. El personal militar está enfrentando sobrecargas operativas y falta de recursos.
La falta de medios también se traduce en problemas logísticos importantes, como la escasez de embarcaciones y la incapacidad de cubrir los movimientos aéreos necesarios. Este panorama ha llevado a la cancelación de los apoyos programados y ha dejado a científicos sin poder llevar a cabo sus proyectos.
Un diplomático preocupado ha afirmado que esta situación, desfinanciada y caótica, hace que la intención de traspasar la administración de las bases sea irresponsable. Esta decisión no solo comprometería la continuidad de la labor científica, sino que también pondría en riesgo la integridad de las dotaciones en la Antártida.
En conclusión, la comunidad científica alerta sobre la posible militarización del programa antártico, lo que afectaría el principal sustento de la presencia argentina en el continente, en un contexto internacional que comienza a poner la mirada en la región.
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Política
Una denuncia interna sacude a Reidel y revelan que tiene deudas millonarias
Una denuncia interna compromete a Demian Reidel, presidente de Nucleoeléctrica Argentina. La empresa de energía nuclear se encuentra en el centro de una controversia por presuntas irregularidades en una licitación, lo que ha atraído la atención sobre las deudas millonarias de Reidel.
La situación se agravó cuando Reidel canceló una licitación destinada al servicio de limpieza, la cual había generado sospechas debido a un incremento del 140% en su costo respecto al contrato anterior. Mientras que el precio previo era de 4,400 millones de pesos por dos años, el nuevo contrato alcanzaba los 10,700 millones. Esta situación llevó a un gerente de Atucha a presentar una denuncia ante el Comité de Integridad de Nucleoeléctrica.
- El denunciante reveló que Reidel, en un intento de aprobar el aumento, presionó a un gerente de Coordinación Administrativa, Hernán Pantuso, para que justificara el nuevo precio.
- Pantuso, un ex funcionario cercano al ex gobernador Daniel Scioli, habría ejercido presión sobre otro empleado para que respaldara la contratación.
- Técnicos de la empresa objetaron que el nuevo precio superaba en un 60% los valores de referencia establecidos por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN).
- Estos problemas son solo una parte de las tensiones internas que generó Reidel tras despedir a varios gerentes de la compañía.
Asimismo, se ha informado que Reidel enfrenta deudas personales que superan los 880 millones de pesos, categorizadas como de “alto riesgo de insolvencia” por el Banco Central. La situación económica del presidente de la empresa ha suscitado dudas sobre su capacidad para gestionar Nucleoeléctrica de manera efectiva, especialmente en el contexto de un proceso de privatización que el gobierno de Javier Milei busca llevar a cabo.
La controversia también se ha alimentado por las elevadas erogaciones asociadas a viajes y representación, con autorizaciones para mejoras de clase en vuelos pagadas con fondos corporativos. Así, el ciclo interno de Nucleoeléctrica se encuentra debilitado por las denuncias de irregularidades y la creciente desconfianza entre los miembros del personal respecto a la administración actual.
En conclusión, la situación de Reidel y Nucleoeléctrica Argentina pone en jaque no solo la viabilidad de la empresa, sino también el proceso de privatización que se busca implementar en el sector energético nacional.
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