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Caputo designa a Carlos María Frugoni para liderar la obra pública

Frugoni, ex titular de AUSA, se hará cargo de la secretaría de Coordinación de Infraestructura.

El secretario de Infraestructura, Luis ‘Toto’ Caputo, ha confirmado la designación de Carlos María Frugoni como nuevo secretario de Coordinación de Infraestructura, el área encargada de la obra pública. Esta decisión, anunciada el viernes en el Boletín Oficial, se produce tras la salida de Martín Maccarone, quien ocupaba el cargo sin haber sido formalmente nombrado.

Frugoni, quien hasta marzo de 2025 fue presidente de AUSA (Agencia Única de Servicios de la Ciudad de Buenos Aires), es conocido por su cercanía con el ex presidente Mauricio Macri y ha sido un miembro activo del PRO, participando en las campañas de Horacio Rodríguez Larreta y Jorge Macri.

La gestión anterior de Frugoni en AUSA no estuvo exenta de controversias. Se le atribuyen decisiones como la adjudicación de terrenos valiosos a familiares de Nicky Caputo y el manejo de importantes contratos que beneficiaron a la constructora de Ángelo Calcaterra. Estas actuaciones han suscitado críticas y cuestionamientos sobre la transparencia en la administración de recursos públicos.

Designado en medio de tensiones políticas, Frugoni parece ser una elección estratégica para asegurar la continuidad del modelo de gestión de Macri en el nuevo gobierno libertario. A pesar de su salida de AUSA por un escándalo, su regreso al gabinete es visto como un intento de mantener relaciones cercanas con sectores influyentes del ámbito empresarial y político.

Frugoni es un egresado del colegio Newman, al igual que Macri y los Caputo. Su llegada a la secretaría de Coordinación de Infraestructura está marcada por la expectativa de que su experiencia previa se traduzca en decisiones clave en el ámbito de la obra pública en el país.

En resumen, la elección de Carlos María Frugoni a la cabeza de la obra pública refleja no solo una estrategia política, sino también la intención de mantener vínculos con figuras del pasado en un contexto de cambio gubernamental.

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Fuente: LPO

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El arancel cero a la importación de celulares, implementado por el presidente Javier Milei, amenaza con afectar gravemente el empleo en Tierra del Fuego. Se estima que entre 2.000 y 2.500 puestos de trabajo podrían verse en riesgo directamente debido a esta medida.

En la provincia austral, indican que la nueva normativa afectará también a comercios, transporte y logística.

La provincia, que alberga una importante industria electrónica, emplea actualmente a 7.569 personas, donde el 83% se dedica a este sector. La apertura de importaciones, de acuerdo a las autoridades locales, pone en riesgo no solo la producción sino también el poder adquisitivo de sus habitantes.

El intendente de Río Grande, Martín Pérez, expresó su preocupación señalando que esta estrategia gubernamental, presentada como un intento por reducir precios, no es nueva. “Ya escuchamos argumentos similares en el pasado, y los resultados fueron decepcionantes. Destruir producción local no es la solución”, afirmó.

Además, Pérez remarcó la importancia de la industria en la economía local: “La electrónica sostiene el consumo y la actividad económica. Si se reduce la producción, la economía local se verá seriamente afectada”. También mencionó que sus esfuerzos no buscan privilegios, sino defender el empleo y la fuente de ingresos de miles de familias fueguinas.

La preocupación se agudiza en Tierra del Fuego, donde las consecuencias del arancel cero son percibidas no solo en los empleos directos. Por cada puesto industrial que se podría perder, también se afecta la economía de diversas actividades relacionadas como logística, comercio y servicios.

En medio de este contexto tenso, el gobernador de la provincia, Gustavo Melella, ya ha realizado cambios en su equipo económico en respuesta a los desafíos que presenta la nueva medida. La comunidad se pregunta si estas decisiones políticas traerán beneficios tangibles o profundizarán la crisis laboral y económica en la región.

Fuente: LPO

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Un grupo de diputados libertarios que viajó recientemente a Beijing ha suscitado controversia al haber votado previamente a favor de ventajas fiscales para empresas chinas. La visita, que incluyó a figuras como Juliana Santillán, quien preside el grupo de amistad con China, ha levantado levantado sospechas acerca de la ética de tales decisiones.

Este viaje fue impulsado por el gobierno chino y financiado por la empresa tecnológica Huawei, que enfrenta presiones por parte de Estados Unidos. Huawei es considerada como un actor clave en la expansión de las redes 5G y 6G en América Latina, pero está en la mira de Washington debido a acusaciones de espionaje. El vínculo entre los legisladores y esta compañía ha generado inquietud en el ámbito político, especialmente considerando las implicaciones en la relación de Javier Milei con Donald Trump.

Los diputados en cuestión, que formaron parte de la expedición, habían apoyado en 2024 un convenio que busca prevenir la doble imposición de impuestos entre Argentina y China, proporcionando, entre otras cosas, beneficios a las empresas que operan en ambos países. Esta situación se considera problemática, ya que quienes votaron a favor ahora se benefician de un viaje financiado por una empresa que podría beneficiarse directamente de su propia legislación.

• Juliana Santillán, líder del grupo de amistad con China, encabezó la delegación.
• Otros miembros del grupo incluyen a Mariano Campero, Guillermo Montenegro, Álvaro Martínez y María Cecilia Ibáñez.
• La acusación de dar beneficios fiscales a empresas chinas ha traído a la luz posibles irregularidades en la conducta pública de estos representantes.

En las últimas semanas, algunos legisladores han expresado indignación al señalar que, en otras circunstancias, un escándalo de este tipo podría haber tenido graves consecuencias legales en países como los Estados Unidos. La situación se complica aún más por el hecho de que el viaje fue presentado como una actividad oficial, aunque los libertarios aseguraron que los fondos no provinieron de la Cámara de Diputados, sino de la empresa que ahora se encuentra bajo la lupa.

Lo que sigue siendo incierto es cómo esto afectará tanto a la imagen de los diputados involucrados como a las relaciones diplomáticas entre Argentina y China. A medida que continúa el debate, la atención se centra en la necesidad de mayor transparencia y responsabilidad en el manejo de asuntos de interés público.

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Fuente: LPO