Política
El Gobierno demora la licitación de rutas clave y exige menos 85 km de obras nuevas en 20 años
El Gobierno de Argentina enfrenta críticas por la demora en la licitación de rutas clave, específicamente para la Etapa II de la Red Federal de Concesiones Viales. A pesar del compromiso de acelerar el proceso y licitar 9.000 kilómetros de rutas nacionales antes de julio, el Ministro de Transporte, Luis “Toto” Caputo, ha decidido extender los plazos de presentación de ofertas.
Según una reciente circular modificatoria, la fecha límite para la presentación de ofertas se ha postergado hasta el 27 de febrero. Este paquete incluye tramos de las rutas nacionales 3, 205 y 226, así como las autopistas Riccheri y Ezeiza-Cañuelas, abarcando un total de 1.872 kilómetros. Este número representa menos de la mitad de lo que se había programado inicialmente.
Uno de los puntos más controversiales es la exigencia del Gobierno de llevar a cabo solo 84,3 kilómetros de obras nuevas durante un período de 20 años. De estos, 28,75 kilómetros corresponden a autopistas y 55,98 kilómetros a la Ruta 226, entre el empalme de las rutas 55 y 22.
Actualmente, solo se ha adjudicado la primera etapa del proyecto, conformada por 741 kilómetros de las rutas 12 y 14 en Entre Ríos. Para atraer a las empresas constructoras, Caputo ha suavizado ciertas condiciones y ha incluido la posibilidad de financiar obras a través del BICE, el banco estatal de su ministerio.
Entre las modificaciones más destacadas del pliego, se permite ahora la presentación de ofertas conjuntas y la propuesta de nuevas explotaciones complementarias que generen ingresos adicionales. Adicionalmente, se prevé duplicar el número de cabinas de peaje en los tramos en concesión, pasando de 10 a 20 estaciones.
Este incremento en las estaciones de peaje ha suscitado preocupación entre organizaciones defensoras de los usuarios, que alertan sobre posibles incrementos en las tarifas, que podrían alcanzar hasta un 500% en algunos casos.
Las tarifas máximas para cada cabina contemplan aumentos significativos, variando entre un 54% y un 215% respecto a las tarifas actualmente vigentes de la estatal Corredores Viales.
En conclusión, la situación actual plantea desafíos significativos para el Gobierno, que deberá equilibrar la necesidad de modernizar la infraestructura vial con la presión social por tarifas justas y accesibles.
Fuente: LPO
