Patagones: aprovechó las demoras en la construcción de una escuela para robar

Recientemente, en Carmen de Patagones, se celebró la reactivación del Instituto Superior de Formación Docente N° 25, después de más de una década de abandono. Sin embargo, el proceso no estuvo exento de irregularidades, ya que algunos oportunistas decidieron aprovechar el retraso en la obra para cometer robos, como el que involucró a Cristian Enrique Calvo.

El juzgado penal de la localidad, encabezado por el juez Hugo Adrián De Rosa, dictó una sentencia en un debate breve que condenó a Calvo a un año y medio de prisión en suspenso por robo agravado, es decir, no irá a prisión a menos que incumpla ciertas regulaciones durante los dos años siguientes.

El incidente ocurrió el 18 de abril de 2025, cuando Calvo y otros dos cómplices (ya condenados) intentaron forzar una ventana de aluminio del edificio escolar. La maniobra no tuvo éxito gracias a la rápida intervención de los vecinos y la Policía, quienes no tardaron en llegar al lugar tras recibir un aviso anónimo.

Una testigo, que prefirió permanecer en el anonimato, denunció el robo en curso, lo que permitió a los uniformados encontrar a los sospechosos en la parte trasera de la construcción. Aunque algunos intentaron huir, Calvo fue arrestado a escasos metros del lugar, cuando se disponía a escapar.

Una representante del área municipal encargada de la construcción confirmó que la ventana sustraída pertenecía al edificio en cuestión, lo que reforzó el caso en su contra. La investigación incluyó también análisis de grabaciones de seguridad que corroboraron los testimonios.

Durante la audiencia, Calvo se defendió alegando que estaba trabajando en jardinería y que había pasado cerca de la obra simplemente para “tomar un trago” en un lugar que consideraba “abandonado”. Sin embargo, otros imputados en la causa coincidieron en señalarlo como uno de los responsables del hecho.

El juez De Rosa concluyó que había suficiente evidencia para desterrar los argumentos de Calvo, basándose en los testimonios y las pruebas reunidas durante el procedimiento judicial.

El caso sirve como un recordatorio del impacto del robo en instituciones educativas, que deberían ser un refugio de aprendizaje, no de delitos.