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El Gobierno lanzó una nueva licitación para la privatización de rutas nacionales
El Gobierno ha dado un paso importante en su plan de infraestructura vial al lanzar una nueva licitación para la privatización de rutas nacionales. Esta iniciativa, que busca modernizar y mejorar la red de carreteras, se enmarca en la concesión de la Etapa III de la Red Federal de Concesiones, según lo anunciado por el Ministerio de Economía.
A través de la resolución 174/2026, publicada recientemente, se abre la oportunidad para la participación tanto de empresas nacionales como internacionales en este proceso de privatización de Corredores Viales SA. La medida llega justo después de que se diera a conocer la fase “B” de la Etapa II, reflejando un continuo interés en potenciar la infraestructura del país.
Este nuevo llamado a licitación abarca la construcción, explotación, administración, y mantenimiento de varios tramos de la red nacional, que incluyen rutas clave como la Nacional 7, 9, y 12, entre otras. La Secretaría de Transporte fue la encargada de diseñar los tramos que se ofrecerán en concesión y de verificar su estado actual.
Los interesados podrán acceder a toda la documentación necesaria a través de la plataforma CONTRAT.AR. El plazo para presentar ofertas se ha establecido hasta el 18 de junio, lo que permite a las empresas prepararse adecuadamente para este desafío.
Además, se ha conformado una Comisión Evaluadora, integrada por seis miembros, que se encargará de asegurar la transparencia y eficiencia del proceso. Según declaraciones del ministro de Economía, Luis Caputo, este proyecto se desarrolla bajo un modelo que busca eliminar subsidios e incentivar la competencia entre oferentes. “Es fundamental avanzar hacia una gestión más eficiente y transparente”, subrayó Caputo.
La reciente licitación representa un avance significativo para la infraestructura vial del país, asegurando que sectores estratégicos como el transporte de cargas y la conectividad productiva sean atendidos de manera adecuada. Se trata de un compromiso del Gobierno por reducir déficits y fomentar inversiones que beneficien a miles de argentinos.
La Etapa II-B, que se mencionó en el anuncio, contempla la concesión de más de 2.500 kilómetros de rutas nacionales, abarcando cinco provincias y subdividiendo el proceso en cuatro tramos específicamente diseñados para mejorar la conexión entre regiones productivas y nodos logísticos.
Así, el Gobierno reafirma su apuesta por un modelo de gestión privada en la infraestructura vial, buscando optimizar recursos y garantizar un servicio de calidad a los usuarios de las carreteras nacionales.
Fuente: Marina Romagnoli – Frente a Cano


