Política
El esquema de lobbistas, espías y medios que se quedó con el Ministerio de Justicia
La reciente reconfiguración del Ministerio de Justicia bajo la gestión de Javier Milei ha despertado controversias. Juan Bautista Mahiques, conocido por su vinculación con el lawfare y su pasado en la cúpula judicial macrista, ha sido designado como ministro. Su compañero en esta nueva etapa es Santiago Viola, un abogado con conexiones en el ámbito de la inteligencia, quien ocupó el segundo lugar en la cartera.
El reemplazo de Mariano Cúneo Libarona, previamente envuelto en escándalos, debería parecer una mejora. Sin embargo, el aterrizaje de Mahiques sugiere otra narrativa. Este abogado, hijo del juez Carlos “Coco” Mahiques, se ha destacado por ser un operador judicial en varias causas controvertidas y por su accionar en redes de lobby que han permeado la justicia argentina.
Durante el gobierno de Mauricio Macri, Mahiques fue uno de los protagonistas en la Mesa Judicial que coordinaba ataques judiciales contra opositores políticos. Su cercanía con figuras influyentes del periodismo y su capacidad de manipulación de procesos judiciales han sido ampliamente documentadas. Esto plantea interrogantes sobre las intenciones de su nombramiento en un contexto donde Milei necesita desviar la atención pública de su fallido plan económico.
El ascenso de Santiago Viola, igualmente polémico, complica aún más el panorama. Anteriormente asociado con la SIDE y conocido por sus operaciones cuestionables en el ámbito judicial, Viola no es un recién llegado al mundo de las acusaciones. Sus esfuerzos por desviar investigaciones han levantado alertas sobre su potencial labor en el ministerio.
El contexto de este cambio revela que bajo el liderazgo de Milei, el Ministerio de Justicia podría convertirse en un instrumento político, diseñado para defender intereses particulares y mantener la agenda del gobierno lejos de la vigilancia pública. A medida que estos nuevos actores asumen roles clave, queda una sensación de desconfianza entre sectores de la ciudadanía que claman por monedas de cambio más transparentes en el sistema judicial.
Ambos nombramientos son vistos como movimientos estratégicos que prometen un endurecimiento de la política hacia la oposición y un reforzamiento de prácticas judiciales señaladas como problemáticas.
En un entorno donde la justicia y la política parecen entrelazarse cada vez más, ¿será que el nuevo esquema de Milei logrará lo que promete o caerá en viejos vicios del pasado? Solo el tiempo lo dirá.
Fuente: Ari Lijalad
