Escándalo en las escuelas de Córdoba: Llaryora niega aumentos a docentes pero otorga millones para seguridad privada

La crisis en el sistema educativo de Córdoba se acentúa, donde alrededor de la mitad de los docentes necesitan buscar un segundo empleo para poder llegar a fin de mes. Durante la inauguración del ciclo lectivo 2026, el gobernador Martín Llaryora defendió la situación actual del sector, afirmando que “no alcanza porque en la Argentina de hoy no le alcanza a nadie”. Esto se dio en un contexto de un nuevo paro docente debido a conflictos paritarios que persisten.

Lo que omitió Llaryora en su discurso fue que su gobierno ha destinado millones en contratos de seguridad privada para las escuelas, a pesar de los despidos y los bajos salarios que enfrenta el personal docente. Según un estudio del gremio UEPC, el 45% de los maestros trabajan en otras actividades para compensar la disminución de su poder adquisitivo. En el 71% de las familias docentes, los ingresos no son suficientes para cubrir los gastos mensuales y un preocupante 96% percibe que su situación económica ha empeorado respecto al año pasado.

El problema se ahonda, ya que el 78% de los docentes ha tenido que recurrir a préstamos o ayuda para hacer frente a los gastos básicos. Asimismo, el Observatorio del Trabajo, Economía y Sociedad (OTES) reportó que el 71% de los docentes no alcanza a obtener ingresos familiares superiores a $1.500.000, y el 95% tiene salarios por debajo del nivel de pobreza.

Frente a esta realidad, los maestros han convocado paros para los días 9 y 11 de marzo, demandando una revisión salarial que el gobierno provincial parece no estar dispuesto a abordar. En este escenario, Llaryora prometió “todo el esfuerzo para que sea una buena paritaria”, aunque sin especificar montos o plazos concretos.

Mientras tanto, se han presentado pedidos de informes por parte de la oposición, revelando que la gestión de Llaryora ha gastado más de 4.000 millones de pesos en vigilancia privada, lo que plantea interrogantes sobre las prioridades de su administración. En un contexto donde existe una policía provincial y tecnología que facilita la vigilancia, resulta cuestionable la necesidad de tercerizar estos servicios a tan alto costo.

La solicitud de informes exige claridad sobre el destino de estos fondos y las empresas involucradas. Sin embargo, hasta el momento, el gobierno no ha brindado respuestas a estos cuestionamientos, dejando a la comunidad educativa esperando una explicación tangible de sus decisiones.

La falta de atención a la grave crisis en la educación y la priorización de la seguridad privada sobre la estabilidad salarial de los docentes intensifican los conflictos en la provincia de Córdoba.