Política
Otro fallo contra la Reforma Laboral: suspenden el traspaso a la Justicia de la Ciudad
En un reciente fallo, el juez Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 30, Hernán Mendel, suspendió el traspaso de la Justicia Laboral al ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Esta decisión representa un fuerte obstáculo para el gobierno de Javier Milei, dado que el traspaso es fundamental para implementar reducciones en las indemnizaciones por despido y en la cantidad de juicios laborales.
La medida cautelar, que se dictó en respuesta a un recurso presentado por la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (U.E.J.N.), destaca la preocupación por el impacto que este cambio tendría sobre la estabilidad laboral de los trabajadores del sistema judicial. El juicio de Mendel determina que el acuerdo de transferencia de funciones judiciales, firmado por el Estado Nacional y el gobierno de la Ciudad, se suspende hasta que se emita una sentencia definitiva sobre su legalidad.
La U.E.J.N. argumenta que el traspaso generaría serias consecuencias negativas, incluyendo la posibilidad de desempleo para más de 1.500 empleados judiciales, quienes no contarían con la garantía de una transferencia de sus puestos de trabajo a la nueva jurisdicción.
Además, el gremio hizo hincapié en que el nuevo tribunal carecería de la especialización necesaria en derecho laboral, pasando de un sistema con experiencia a otro sin precedentes en esta área. Otro de los puntos en cuestión es la modificación de la carga horaria de los empleados, que incrementaría de 6 a 7 horas, así como la reestructuración de escalas salariales que afectaría su remuneración.
La demanda también sostiene que el cambio infringe la Ley Cafiero, que estipula que la justicia nacional ordinaria debe seguir bajo la órbita del Poder Judicial de la Nación. Se denunció que la reforma se llevó a cabo sin el control necesario por parte de la Comisión Bicameral correspondiente, que debería supervisar los procesos de coordinación entre la Nación y la Ciudad.
Por último, la U.E.J.N. cuestiona que el decreto del Gobierno otorga a los funcionarios la facultad de cerrar juzgados y suprimir órganos de la justicia, un aspecto que fue considerado imprudente y potencialmente perjudicial por el juez Mendel en su resolución.
Fuente: El Destape
