Política
Presentan una DENUNCIA penal para investigar los MILLONARIOS PRÉSTAMOS a LIBERTARIOS
En una reciente jornada de relevancia en el ámbito político, la diputada nacional Mónica Frade presentó una denuncia penal solicitando que se investigue el otorgamiento de créditos hipotecarios por parte del Banco de la Nación a funcionarios públicos, legisladores y personas asociadas al gobierno de Javier Milei. La denuncia pide examinar la posibilidad de irregularidades o delitos en la forma en que se asignaron estos préstamos, que, según Frade, podrían constituir un uso indebido de fondos públicos.
El núcleo de la denuncia se centra en un fenómeno que algunos ya han comenzado a llamar un “festival de créditos”, en alusión a la supuesta concesión masiva de financiamiento a figuras cercanas al oficialismo. A partir de registros públicos del Banco Central y análisis de publicaciones periodísticas, se desprende que varios beneficiarios accedieron a montos significativos que no responden a sus ingresos o capacidad para reembolsar.
El entrecruzamiento de datos reveló que varios personajes del oficialismo tramitaron créditos hipotecarios en el Banco Nación. Entre los nombres destacados se encuentran los diputados Alejandro Bongiovanni, Lorena Villaverde, Santiago Santurio y Mariano Campero, además del tuitero Juan Pablo Carreira y los funcionarios de Economía Federico Furiase y Felipe Núñez.
Los préstamos, que alcanzan cifras multimillonarias, han sido otorgados incluso a personas cuyos ingresos son relativamente bajos o inestables. Un caso notable es el de un joven asesor legislativo que, con ingresos mensuales de alrededor de dos millones de pesos, habría recibido un crédito que excede su capacidad de pago.
La denuncia subraya que las normativas del Banco Central exigen a las entidades financieras evaluar con rigurosidad la capacidad de repago de los solicitantes. Se cuestiona la entrega de créditos a funcionarios con mandatos temporales o con ingresos inciertos, lo que podría aumentar el riesgo de incumplimiento y poner en peligro la solvencia del banco.
En el ámbito legal, se mencionan posibles delitos como negociaciones incompatibles con la función pública, tráfico de influencias, abuso de autoridad y administración fraudulenta. Se sugiere una posible “colusión” entre quienes gestionan los créditos y las autoridades que han aflojado los controles, lo que podría interpretarse como una “falla de dos llaves”.
Frade ha solicitado diversas pruebas, incluyendo el acceso a los legajos crediticios completos y las actas del directorio que legitimaron los préstamos. Si la causa avanza, podría poner en la mira el funcionamiento interno del Banco Nación y reabrir el debate acerca del uso de recursos públicos en beneficio de entornos políticamente conectados.
Banco Nación emitió un comunicado en respuesta a las revelaciones, resaltando que el crédito hipotecario ha vuelto a ser una herramienta central en Argentina, citando que el 90% de los créditos hipotecarios en el país son originados por ellos. La entidad asegura haber otorgado más de 27.000 créditos con un enfoque federal y amplio acceso.
La polémica está servida, y la expectativa crece sobre cómo se desarrollarán los próximos pasos en este caso.
Fuente: El Destape
