Politica Bonaerense
El supremo Sergio Torres advierte: una Corte bonaerense desintegrada, 200 vacantes y sueldos 50% más bajos
La Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires, encabezada por Sergio Torres, ha emitido un fuerte llamado a la acción tanto al gobernador Axel Kicillof como a la Legislatura. Esta convocatoria surge ante la alarmante situación del poder judicial bonaerense, que enfrenta más de 200 vacantes y salarios que están un 50% por debajo de los ofrecidos en el ámbito nacional.
En un acto respaldado por diversos sectores del aparato judicial, incluido el procurador general Julio Conte Grand y los líderes del Colegio de Magistrados y de Abogados, se hizo énfasis en la necesidad urgente de cubrir vacantes en los tribunales. Sergio Torres destacó que el actual sistema judicial se encuentra severamente debilitado por la falta de magistrados, lo que lleva a utilizar jueces de Casación para resolver casos de manera temporal.
Hasta la fecha, la situación se ha vuelto insostenible. Torres mencionó que la primera vacante en la Corte tiene más de 2.292 días sin cobertura, un retraso que contrasta con lo establecido por la Constitución provincial, que exige que el Ejecutivo proponga un reemplazo en un plazo de 15 días tras una vacante. Este mandato ha sido ignorado en 152 ocasiones, lo que revela una grave desatención por parte del gobierno.
El peronismo, partido en el poder, enfrenta desafíos internos que han complicado la designación de nuevos magistrados. A pesar de tener propuestas en borrador que contemplan un reparto entre distintas facciones, como el massismo y La Cámpora, no se ha avanzado en concretar dichas decisiones. La falta de consenso en la Legislatura ha llevado a una parálisis que afecta no solo al máximo tribunal, sino a toda la justicia bonaerense.
Además de la urgencia en la cobertura de vacantes, la Corte presentó un proyecto de autarquía presupuestaria, algo que el sistema judicial reclama desde 2012. Torres subrayó que un 92% del presupuesto judicial se destina a salarios, dejando poco espacio para inversiones necesarias en infraestructura y tecnología. Esto ha llevado a una situación de ineficiencia y desactualización del sistema, afectando la calidad del servicio judicial.
Con cerca de 100.000 personas involucradas en el sistema, el reclamo por la autarquía presupuestaria se ha amplificado, reflejando una necesidad institucional crítica que no puede ser ignorada. Torres concluyó que depender de otro poder para definir el presupuesto compromete la imparcialidad y el funcionamiento del poder judicial.
La situación actual representa un llamado de atención para la clase política, a fin de que se tomen decisiones concretas y se garantice la calidad de la Justicia en la provincia.
Fuente: José Maldonado – Letra P
