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Nación habilita la venta de más de 20 terrenos fiscales y crece la tensión con la Provincia
El Gobierno nacional ha decidido poner en marcha una nueva estrategia de venta de bienes públicos, dando autorización para la subasta de 21 terrenos fiscales a través del Decreto 322/26. De estos terrenos, 11 se encuentran en la provincia de Buenos Aires, reavivando el debate sobre el uso y el destino de los activos del Estado.
Desde la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) argumentan que estos predios están “desafectados” y en desuso, y que la venta busca optimizar recursos y reducir costos. Así, el Ejecutivo se propone desprenderse de propiedades como predios ferroviarios y terrenos que ya no cumplen funciones operativas. Entre los lotes más destacados se encuentra la estación de Barrow, en Tres Arroyos, que cuenta con más de 50 mil metros cuadrados.
Además de Barrow, también se contemplan terrenos vinculados a estaciones en Daireaux y Pergamino, y un amplio espacio en Pablo Podestá, en Tres de Febrero, que anteriormente se utilizaba como playa de estacionamiento para camiones.
La decisión de vender estos terrenos coincide con el lanzamiento del Plan ARMA, que destinará parte de los ingresos obtenidos a mejorar equipamiento para las Fuerzas Armadas. Sin embargo, esta movida ha generado inquietud en el gobierno provincial, que ve en esta medida un posible avance sobre bienes de interés estratégico. Desde Buenos Aires, se están evaluando alternativas para intervenir en el proceso de venta.
Este escenario presenta un contexto más amplio: por un lado, la nación defiende la venta como parte de una política de eficiencia; por otro, la provincia advierte sobre las implicancias que puede tener en el desarrollo territorial y en la conservación del patrimonio público. La disputa sobre quién controla y decide sobre estos espacios se convertirá, sin duda, en un nuevo capítulo en la política local.
En Bahía Blanca y la región, la controversia por estos terrenos genera diversas opiniones, con algunos ciudadanos preocupados por las posibles consecuencias para el futuro de la zona. En un clima de incertidumbre, la gestión de estos activos estatales se convierte en un tema que no solo afecta a la política, sino también a la vida cotidiana de los habitantes de la región.
Fuente: @estudiovork
