Politica Bonaerense
La Suprema Corte lleva su proyecto de autarquía a la Legislatura y presiona a Kicillof por los fondos
La presión sobre el Ejecutivo provincial se intensifica a medida que la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires lleva su proyecto de autarquía a la Legislatura. Los jueces Sergio Torres, presidente del tribunal, y Daniel Soria, vicepresidente, se reunieron con la vicegobernadora Verónica Magario y el presidente de la Cámara de Diputados, Enrique Dichiara, para entregar formalmente esta propuesta que persigue la independencia presupuestaria del Poder Judicial.
Este iniciativa busca que el propio judicial elabore su presupuesto sin depender de la aprobación del Ejecutivo, además de que la Corte fija los salarios de sus jueces y empleados. En un contexto donde los sueldos del Poder Judicial bajan un 50% en comparación con los de la Justicia Federal, los magistrados consideran necesario que se realicen ajustes salariales para paliar la desigualdad.
El movimiento fue recibido con interés, pese a que el clima político es tenso debido a las vacantes. Actualmente, la Corte funciona con tres de sus siete miembros, lo que limita su capacidad operativa. Esta situación se agrava por la interna del peronismo, que se encuentra en plena disputa por los nombres para designar a los nuevos jueces.
La Corte, respaldada por organizaciones como la Procuración General y el Colegio de Magistrados, ha encontrado un ecosistema propicio para presentar este proyecto. Sin embargo, la respuesta del gobierno provincial fue clara: el gobernador Axel Kicillof tiene la última palabra sobre la aprobación de los pliegos de los nuevos integrantes de la Corte, lo que genera incertidumbre en el corto plazo.
Desde el gabinete, el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, dejó entrever que la decisión sobre la cobertura de vacantes y la asignación de fondos depende de criterios de oportunidad y conveniencia. Este comentario parece un intento de restar presión ante los reclamos de la Corte, aunque también puede ser visto como una forma de evitar un aumento de gastos que ya son insostenibles para las arcas provinciales.
Este episodio revela la complicada intersección entre las decisiones de justicia y el financiamiento estatal, resaltando la necesidad de resolución tanto para las vacantes como para la mejora salarial de los jueces, temas que continúan siendo el centro de un debate candente en la política bonaerense.
Fuente: José Maldonado – Letra P
