Denunciaron a la ministra Monteoliva por el operativo en inmediaciones al Congreso

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La ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, se encuentra en el centro de una controversia luego de que un abogado presentara una denuncia en su contra. La acusación, formulada por Leonardo Hernán Martínez Herrero, centra su atención en un operativo de seguridad llevado a cabo el miércoles 11 de febrero en las cercanías del Congreso, donde se discutía una reforma laboral.

Según Martínez Herrero, se debe investigar un posible incumplimiento de los deberes de funcionario público por parte de la ministra y de los jefes del operativo. El letrado sostiene que el despliegue de las fuerzas de seguridad, que incluía a la Policía Federal Argentina, la Gendarmería y otros organismos, no fue efectivo al momento de controlar a un grupo violento que arrojaba piedras y bombas molotov.

El abogado describe en su denuncia que alrededor de las 15:30 un grupo de siete individuos, con mochilas, capuchas y cascos, comenzó a agredir a los agentes de seguridad. Este grupo, que se encontraba aislado del resto de los manifestantes, no fue detenido a pesar de estar en flagrancia, lo que Martínez Herrero considera sospechoso.

“Es inquietante que un grupo tan pequeño y visible no haya sido apresado de inmediato”, afirma el denunciante en su presentación. La denuncia también critica la actuación de los camiones hidrantes y el uso de gases lacrimógenos, que según el abogado, no fueron dirigidos adecuadamente hacia los agresores.

Martínez Herrero demanda que se libren oficios a las cadenas de televisión para que proporcionen grabaciones del incidente, así como un informe del Ministerio de Seguridad sobre los responsables del operativo. Además, solicita que se aseguren las grabaciones de las cámaras de seguridad del comando unificado.

Esta situación plantea una serie de interrogantes sobre la efectividad de las medidas de seguridad y la responsabilidad de los funcionarios en situaciones de manifestaciones sociales cuando se cuestiona la legalidad de la acción policial.

El futuro de esta denuncia podría sentar un precedente en cuanto a la rendición de cuentas de funcionarios en el manejo de situaciones críticas durante protestas sociales.

Fuente: Marina Romagnoli – Frente a Cano