Política
El gobierno admitió que en 2025 se anotaron sólo 10 alumnos al curso de la esposa de Sturzenegger
Un nuevo escándalo envuelve al gobierno argentino tras revelarse que solo 10 alumnos se inscribieron en el curso de inglés gestionado por la esposa de Federico Sturzenegger, un programa que costó 115 millones de pesos. Este gasto exorbitante ha generado críticas en medio de una drástica reestructuración funcional en la Cancillería.
La Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI), la entidad encargada de impartir estos cursos, ha sido objeto de controversia. Desde su inicio en 2018, la AACI ha mantenido un vínculo directo con el Estado, aunque este año registró un notable descenso en las inscripciones, que atribuyeron a cambios organizativos dentro de la Cancillería.
A pesar de la baja matrícula, el ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, decidió otorgar un pago sustancial sin licitación, lo cual ha planteado dudas sobre la transparencia del proceso. La falta de competencia advierte sobre prácticas posiblemente irregulares en la gestión pública.
En 2026, Cancillería plantea multiplicar por 13,2 la cantidad de alumnos previstos para los cursos, lo que parece una respuesta tentativa a las críticas. Sin embargo, la afirmación de que la AACI ofrece un servicio único en la Ciudad es falsa, dado que existen otras instituciones que cuentan con acreditaciones similares.
Con casi 864 mil pesos por alumno si se cumple la cantidad estipulada, se cuestiona la eficacia del gasto público. Este hubiera sido de 400 mil pesos por estudiante en 2024, lo que invita a reflexionar sobre la viabilidad del programa y el manejo de recursos en tiempo de austeridad.
La situación ha acentuado las demandas de mayor responsabilidad en el uso de los fondos del Estado. Con el escándalo en aumento y llamados a rendir cuentas, el futuro de estos contratos quedó en la mira de la opinión pública.
La controversia golpea a la figura de Sturzenegger y su entorno, quienes ya enfrentan sospechas de irregularidades en múltiples gestiones. Este episodio subraya la necesidad de una regulación más rigurosa en la contratación pública, especialmente en contextos donde la confianza gubernamental está en jaque.
El tiempo dirá cómo reaccionará el gobierno ante la presión social y qué medidas adoptará para aumentar la transparencia en las contrataciones.
Fuente: LPO
