Política
El peronismo porteño propone cámaras corporales obligatorias en la Policía
En el ámbito político de Buenos Aires, el peronismo local ha presentado una propuesta innovadora: la obligatoriedad del uso de cámaras corporales en la Policía de la Ciudad. La iniciativa, liderada por Claudia Neira y su bloque Fuerza por Buenos Aires, busca establecer un sistema que no solo registre las intervenciones policiales, sino también los 60 segundos previos a la activación de las cámaras.
La ley, que prevé un plazo de implementación de un año, introduce un mecanismo de activación automática en red. Esto significa que, cuando un agente encienda su cámara, las de los demás policías cercanos también se activarán, garantizando así una cobertura completa durante las operaciones. Neira argumenta que esta característica es clave para evitar vacíos narrativos en los registros de las intervenciones.
Desde el bloque, se critica el actual sistema de seguridad, señalando que la adopción de cámaras es fundamental ante situaciones de incumplimiento de protocolos. Según Neira, aunque estos dispositivos no sustituyen a la Justicia, tienen el potencial de transparentar el accionar policial, añadiendo un contexto crucial para mejorar la efectividad del registro audiovisual.
El proyecto también establece un Centro de Control de Cámaras, que estará bajo la órbita del Ministerio de Seguridad. Este centro tendrá la responsabilidad de almacenar y gestionar las grabaciones, asegurando una supervisión constante por parte de la Defensoría del Pueblo para proteger los datos personales involucrados. La normativa apunta a prevenir abusos en el uso de la información, con Neira afirmando que están diseñadas para minimizar riesgos de difusión no autorizada.
Los agentes tendrán el deber de mantener las cámaras encendidas durante su turno, y su manipulación irregular podría acarrear sanciones severas. Las grabaciones se conservarán por seis meses, con una extensión posible de hasta cinco años si son requeridas por la Justicia, permitiendo solamente el acceso a autoridades judiciales y a las partes directamente involucradas en las situaciones documentadas.
Finalmente, se contempla el uso de estos registros con fines de capacitación, previa anonimización, y se generarán informes semestrales para evaluar el impacto del sistema en la seguridad pública y en la percepción ciudadana sobre el desempeño policial.
La propuesta se erige como una llamada de atención sobre la necesidad de recursos y herramientas para una Policía más eficiente y transparente, en un contexto donde los discursos políticos a menudo quedan en el aire.
Fuente: El Destape
