Política
El sector de DISCAPACIDAD de SANTA CRUZ apuntó contra la NUEVA LEY de DISCAPACIDAD de MILEI: “NOS HAN DESLEGITIMADO”
El sector de discapacidad en Santa Cruz ha manifestado su rechazo hacia la reciente Ley de Discapacidad propuesta por el Presidente Javier Milei, argumentando que esta normativa “nos ha deslegitimado”. La ley, que busca realizar cambios significativos en el marco legal de atención a personas con discapacidad, ha sido criticada por quienes advierten que pone en riesgo derechos adquiridos y presupuestos esenciales para la protección de este grupo.
Diego de la Mata, representante de Santa Cruz en el Consejo Federal de Discapacidad (CODEFI), declaró que la nueva iniciativa elimina la igualdad de valores en el Nomenclador de prestaciones básicas. Esto podría llevar a una situación en la que cada provincia decida sus propios aranceles, generando desigualdades en la atención y creando “ciudadanos de primera y de segunda” en función de los recursos disponibles en cada región.
Según De la Mata, el modelo actual está estructurado bajo la Ley Nacional 24.901, que establece un nomenclador nacional desde 1999. Este nomenclador incluye un listado de prácticas necesarias para las personas con discapacidad y busca asegurar la continuidad de su acceso a servicios. “Somos una minoría, pero eso no disminuye nuestra importancia en la sociedad”, afirmó.
En sus declaraciones a La Parada, un programa de Tiempo FM 97.5, De la Mata no solo enfatizó el riesgo que corre la implementación de esta nueva ley, sino que también alertó sobre las 1.280.000 pensiones no contributivas por invalidez laboral que podrían verse afectadas. Destacó que muchas de estas pensiones no superan los $1.000 mensuales y son cruciales para aquellos con limitaciones laborales severas.
Uno de los aspectos más controversiales del proyecto incluye un “reempadronamiento obligatorio” que, si no se efectúa, conlleva la suspensión automática de pensiones. Esta medida, según De la Mata, podría gravemente afectar a aquellos en áreas rurales con problemas de conectividad y movilidad.
Con la amenaza de recortes significativos, se estima que al menos un 30% de las pensiones podrían eliminarse bajo esta nueva ley. Además, se prevé que las responsabilidades se transfieran a los gobiernos provinciales, sumando presión a sectores ya vulnerables.
Desde el ámbito de la salud, se ha señalado que en muchas localidades, como San Julián, no existen profesionales disponibles para atender las necesidades de la población, lo que agrava aún más la situación.
Ante un panorama complicado, el sector de discapacidad en Santa Cruz llama a la acción y la atención sobre estos temas, buscando mantener los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad en el centro del debate público.
Fuente: El Destape
