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Fuente: LPO

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, ha hecho un balance positivo de la situación financiera de la provincia, destacando que actualmente cuenta con superávit. Esto permite que se financie, con fondos propios, el 90% de la obra pública en curso. Durante su discurso, Figueroa subrayó: “Lo más importante es que ese superávit hoy se traduce en respuestas concretas para los neuquinos”.

Neuquén avanza con obras públicas debido a su superávit

En una revisión de su gestión, que entra en su tercer año, Figueroa comentó que se ha pasado de una provincia con serias dificultades económicas a una con superávit y en proceso de desendeudamiento. Este cambio ha permitido el aumento de partidas presupuestarias en áreas clave como Educación, Salud y Seguridad, así como también en el mantenimiento de rutas.

Según un comunicado del gobierno provincial, la previsibilidad financiera se ha logrado en solo dos años mediante tres acciones clave:

• No emisión de deuda pública para gastos corrientes: Al asumir, el 55% de la deuda se utilizó para cubrir estos gastos, con un total de 695 millones de dólares.
• Financiamiento de obras públicas: Más del 90% de la obra pública se financia con recursos propios, a diferencia de 2023, donde el 100% se ejecutó con fondos de terceros.
• Reducción de deuda pública: La deuda se ha reducido en un 38%, contrastando con la gestión anterior que no logró este objetivo y, de hecho, aumentó la misma.

Además, en 2025, el gobierno experimentó un superávit financiero por segundo año consecutivo, algo ausente durante las últimas dos décadas. A diciembre de ese año, el stock de deuda representaba el 20% de los ingresos totales, el nivel más bajo en 20 años.

Gracias a estos avances, la provincia de Neuquén ha escalado al tercer lugar en un ranking provincial, donde anteriormente ocupaba la vigésima posición. Las métricas consideraron aspectos como autonomía fiscal, resultado/PBG y calidad del gasto.

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Fuente: LPO

La situación de Sandra Pettovello, ministra de Capital Humano, se torna crítica a raíz de sus vínculos con Paolo Rocca, CEO de Techint. Su relación ha llamado la atención en el marco del conflicto que mantiene el presidente Javier Milei con Rocca, lo que ha complicado su posición en el gabinete.

Rocca ha influido notablemente en el ministerio, controlando cargos clave.

Pettovello ha recibido críticas por ceder gran parte de su gabinete a Rocca. Durante un viaje reciente a Dubai, financiado por Techint, este último ordenó al secretario de Educación, Carlos Torrendell, que presentara una reforma educativa diseñada por su empresa en el Consejo de Mayo. Torrendell, con lazos directos a Techint, ha nombrado a Ludovico Grillo al frente del Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET), un cargo esencial para los intereses de Rocca en el ámbito educativo.

Pettovello también ha visto cómo Rocca asegura el control de Julio Cordero, nuevo secretario de Trabajo, quien proviene del equipo legal de Techint. Esta relación pone a Cordero en una complicada posición, ya que defiende los intereses de la empresa en el desarrollo de la reforma laboral que se discute actualmente en el Senado.

El rol de Rocca en la gestión del gobierno va más allá de lo habitual. Su influencia ha permitido el ingreso de varios funcionarios de su entorno al gabinete, lo que ha provocado tensiones, especialmente con Milei. Además, se ha evidenciado que Rocca ha logrado privilegios en importantes licitaciones, como la del oleoducto Vaca Muerta Sur, complicando aún más las relaciones entre el gobierno y el sector privado.

Con la creciente tensión entre Milei y Rocca, se rumorea que la conexión entre Pettovello y Techint podría tener repercusiones importantes en la dinámica gubernamental. Las decisiones de Milei en los próximos días serán cruciales para el futuro de la ministra y la relación con Rocca, donde ambos han empezado a establecer fronteras.

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Apareció un contrato firmado por Javier Milei y Hayden Mark Davis, fundador de la criptomoneda Libra, que ha revelado un vínculo inquietante en el contexto de la estafa por dicha moneda. El acuerdo, datado el 30 de enero de 2025, fue sellado en la Casa Rosada y estipula que Davis brindaría asesoramiento en áreas como blockchain e inteligencia artificial.

Lo que ha generado controversia es la revelación de que un jubilado argentino, Orlando Rodolfo Mellino, actuó como intermediario en esta transacción. Según informes, Mellino recibió 507.000 USDC desde dos billeteras atribuídas a Davis, que luego fueron transferidos a una wallet ligada a actividades sospechosas. Esto ha llevado a algunos a señalar a este tipo de prácticas como características habituales en casos de corrupción, donde se utilizan “prestanombres” para ocultar el origen del dinero.

El contrato menciona que Davis ofrece sus servicios “de manera totalmente gratuita”, lo que parece contradicir la circulación del dinero hacia la cuenta del jubilado. La Cámara Federal ha ordenado avanzar con la investigación sobre las implicancias de esta operación y la relación entre Milei y Davis.

Este acuerdo ha suscitado una serie de preguntas respecto a la transparencia en la gestión del gobierno, en particular, sobre contratos de asesoramiento que involucran sumas considerables y figuras con antecedentes dudosos. Si bien Milei tuiteó una foto con Davis en el momento de la firma, nadie conocía al empresario hasta el lanzamiento de Libra, que no solo fue publicitado como una oportunidad económica, sino que acabó en una decepcionante estafa que afectó a muchos inversores.

Los detalles del contrato permiten entender la intención detrás de la colaboración, que era fomentar el desarrollo de soluciones tecnológicas en Argentina, tanto en el sector público como en el privado. Sin embargo, la relación con Davis y el manejo de fondos han puesto en entredicho la seriedad de dichas intenciones.

Estos acontecimientos han llamado la atención no solo del periodismo, sino también de las autoridades, que ahora enfrentan el dilema de investigar un caso que podría implicar a altos funcionarios en un escándalo de gran magnitud. La figura del jubilado como intermediario amplifica la preocupación sobre las políticas de transparencia y ética en la administración pública.

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