Política
GOLPE INTERNACINAL a la REFORMA LABORAL: la CIDH citó al Estado argentino para que dé explicaciones
El Estado argentino se verá obligado a rendir cuentas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) debido a la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei y ratificada por el Congreso. Esto, tras una denuncia formal de más de 100 sindicatos, se traducirá en una audiencia programada para el 4 de agosto en Washington.
La denuncia destaca la Ley 27.802, que es parte de las reformas del actual gobierno, y señala que esta normativa representa una regresión en los derechos laborales, sindicales y sociales. El Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), junto al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SIPreBA), expresaron que la CIDH aceptó tratar el caso y que el Estado argentino deberá explicar sus fundamentos en la audiencia correspondiente al 196° período de sesiones del organismo.
En un documento presentado el 24 de abril, las organizaciones denunciantes afirmaron que la ley “desplaza al Estado de su rol como árbitro entre el capital y el trabajo”, priorizando así los intereses empresariales a expensas de los trabajadores. Además, se sostiene que la regulación limita “arbitrariamente la huelga y la libertad sindical”, y que afecta especialmente a las mujeres trabajadoras y a quienes laboran en la informalidad.
También se cuestiona la reducción de mecanismos estatales que controlan las prácticas antisindicales y los incumplimientos laborales y fiscales por parte de las empresas. Esta crítica se enmarca dentro de un contexto más amplio de represión política, donde se denuncia un patrón de persecución hacia sindicatos y sectores críticos del gobierno, reflejado en episodios relevantes desde diciembre de 2023, como la exorbitante multa al sindicato ferroviario La Fraternidad.
La denuncia ante la CIDH no se limita exclusivamente a la reforma laboral; también critica la estrategia política del gobierno, que, según los denunciantes, ha implementado un sistema de “shock combinado con represión”. Esto se manifiesta en una fuerte presencia de las fuerzas de seguridad en las calles, para desincentivar protestas y manifestaciones.
Las implicancias de esta situación son significativas para el futuro del trabajo en Argentina y el respeto a los derechos de los trabajadores en un contexto de creciente tensión social.
Fuente: El Destape
