Política
Intendentes preparan una avanzada judicial contra Milei
En un contexto de creciente tensión política, los intendentes de varias capitales provinciales se organizan para llevar a cabo una demanda judicial contra el presidente Javier Milei. Dicha acción surge después de un comunicado en el que los jefes comunales expresan que “así, Argentina no funciona”.
La avanzada judicial se centra en la necesidad de modificar la distribución del impuesto a los combustibles y adecuar el reparto de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Los intendentes buscan frenar lo que consideran un uso arbitrario de los recursos por parte del gobierno nacional.
El colectivo de jefes comunales, incluyendo a figuras como Julio Alak, Daniel Passerini y Pablo Javkin, firmó un documento en el que denuncian que el Estado “ha dejado de cumplir sus funciones básicas” al no enviar fondos a los municipios. En palabras de los intendentes, “gobernar no es abandonar a la gente”. La situación es alarmante: en los últimos dos años, 22,608 empresas han cerrado y hay 300,000 desempleados más.
El documento destaca que, en 2025, el gobierno nacional retuvo más de 740,356 millones de pesos en ATN, violando leyes y acuerdos previos. Los intendentes enfatizan que la carga impositiva que gestionan los municipios es de apenas un 3%, frente a un 75% que recae en el ámbito nacional.
Intendentes como Alak y Passerini subrayan que, debido a la situación actual, se están sentando las bases para el planteo judicial, citando el artículo 123 de la Constitución Nacional, que les otorga facultades para establecer tasas municipales. Coinciden en que el déficit de recursos ya está causando un impacto significativo en la infraestructura y servicios municipales.
Asimismo, Passerini evidencia que, en cuestiones de servicios públicos, los municipios apenas reciben un 1.7% de la carga impositiva sobre combustibles, correspondiente a mantenimiento, mientras que el 40% del valor de estos mismos combustibles corresponde a impuestos, que deberían ser reintegrados de alguna forma a los gobiernos locales.
Por el momento, los equipos jurídicos de los municipios están organizando esfuerzos para llevar este caso ante la Corte Suprema, mientras que la preocupación por la situación se profundiza en el panorama político y social del país.
Fuente: Juan Manuel González (Córdoba)
