Política
La Justicia le ordenó a Milei que aplique de inmediato la Ley de Financiamiento Universitario
La Justicia ha ordenado al presidente Javier Milei el cumplimiento inmediato de la Ley de Financiamiento Universitario, que fue aprobada en 2025 y ratificada pese al veto presidencial. La decisión provino de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, que desestimó la apelación del Poder Ejecutivo contra una medida cautelar emitida anteriormente.
La medida cautelar exige el cumplimiento de los artículos 5 y 6 de la ley 27.795, que se refieren a la actualización de salarios de docentes y no docentes en las universidades públicas. Los jueces argumentaron que tanto la Cámara de Diputados como el Senado aprobaron la ley con un amplio consenso, y consideraron que los argumentos del gobierno eran “poco serios”.
Además, la Cámara resolvió que el Ejecutivo debe implementar a la brevedad la actualización de las becas y destacó que la suspensión de la ley por decreto es ilegítima. El fallo también abarca los programas de investigación y las funciones de salud y extensión en el sistema universitario nacional.
El mes pasado, el Gobierno Nacional había apelado la medida cautelar tras una acción presentada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). Los funcionarios del gobierno argumentaron que la ley no especifica las fuentes de financiamiento y que su aplicación podría afectar las cuentas públicas. Sin embargo, los magistrados sostuvieron que el impacto no es significativo y recordaron que el Ejecutivo no puede suspender una ley del Congreso basándose en regulaciones de menor jerarquía normativa.
Tras el fallo, Emiliano Yacobitti, vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), aplaudió la decisión judicial y pidió su cumplimiento para poner fin a las protestas de los docentes, que han comenzado desde el inicio del ciclo lectivo. “Si el cumplimiento de la ley se dilata y hay medidas de fuerza, los que más sufren son los estudiantes”, subrayó Yacobitti.
La resolución de la Cámara podría tener un impacto significativo en la dinámica del sistema educativo y en la relación del gobierno con las universidades. El cumplimiento de la ley representa una demanda de hace tiempo para muchos sectores académicos y, en un contexto de creciente conflicto, el cumplimiento adecuado será crucial.
Además, se espera que la implementación de las actualizaciones salariales permita reducir las tensiones existentes entre el gobierno y el personal docente, algo que resulta esencial para el buen desarrollo del ciclo académico.
La justicia una vez más ha reafirmado la autonomía de las instituciones educativas al ratificar la vigencia de esta ley fundamental para el financiamiento del sistema educativo superior en el país.
Fuente: LPO
