La Justicia rechazó un recurso de la comunidad mapuche en el conflicto con Ginóbili

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La reciente decisión del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Neuquén ha generado una creciente preocupación en la comunidad mapuche Paicil Antriao, de Villa La Angostura, al rechazar un recurso que impide el desalojo de las tierras que ocupan. Esta medida podría resultar en una ejecución inminente del desalojo, en medio de un conflicto que involucra la propiedad adquirida por el exbasquetbolista Emanuel Ginóbili en 2004.

A pesar de que el caso se encuentra actualmente en la Corte Suprema, el TSJ no detuvo la resolución del año pasado, que contempla el desalojo de la comunidad. El juez Francisco Astoul Bonorino dictó un fallo que valida el título de propiedad de Ginóbili y establece un plazo para el desalojo, sin considerar las alegaciones de la comunidad sobre la posesión histórica de las tierras.

Desde la comunidad mapuche, su abogado, Luis Virgilio Sánchez, ha manifestado que el proceso ha sido complicado. Asegura que se estaba llevando a cabo un diálogo con las autoridades locales, pero este parece haber fracasado. Aunque el fallo del TSJ es un golpe duro, Sánchez anunció que se están preparando recursos extraordinarios para impugnar la decisión.

El conflicto se centra en una extensión de aproximadamente 20 hectáreas de terreno, que la comunidad sostiene que ha utilizado tradicionalmente para actividades agrícolas y ganaderas. Creen que Ginóbili no estaba al tanto de que estas tierras eran ocupadas por su comunidad y han insinuado que el exjugador fue “estafado” en la compra.

En la sentencia, el juez Bonorino argumentó que no existen pruebas que respalden la protección de la propiedad comunitaria indígena y descalificó los informes del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) como “contradictorios”. La comunidad ha criticado duramente este planteamiento, tildándolo de discriminatorio y racista debido a que se desvaloriza la historia y memoria de la comunidad.

Además, las comunidades mapuches informan que las autoridades locales han intensificado acciones que amenazan otros lugares comunitarios, incluyendo desalojos en los lof Quintriqueo y Melo. Estas situaciones han complicado aún más la relación entre la comunidad y el municipio, que se descarta un posible entendimiento.

Como si fuera poco, la comunidad Paicil Antriao enfrenta multas significativas impuestas por el municipio, que afectaron sus actividades económicas. Esto sigue generando un panorama tenso en una región donde las disputas por el territorio y derechos indígenas son cada vez más visibles y debatidas.

La situación sigue siendo crítica, y las próximas acciones legales serán determinantes para el futuro de la comunidad mapuche.

Fuente: Marina Romagnoli – Frente a Cano