**Revuelo en la moda argentina tras declaraciones de Caputo**

La industria textil argentina ha estallado en críticas tras las recientes declaraciones de Luis “Toto” Caputo, actual Ministro de Economía. Durante una entrevista, Caputo expresó que nunca había comprado ropa en el país, catalogando los precios como un “robo”. Estas palabras no solo despertaron el descontento de los diseñadores, sino que desataron una fuerte respuesta de los modistos libertarios.

Roberto Piazza, reconocido diseñador y aliado de Javier Milei, fue uno de los primeros en reaccionar. En una entrevista, Piazza calificó las afirmaciones de Caputo como desafortunadas y resaltó que existen formas más delicadas de abordar el tema. Su indignación se intensificó al señalar que la situación de la industria textil es crítica, incluso peor que durante la pandemia. “Estamos en un momento que no se puede calificar así. La gente que vive de esto está sufriendo”, apuntó el modisto.

Otro de los diseñadores que alzó la voz fue Benito Fernández, quien también se identificó con las corrientes libertarias. Fernández rechazó con firmeza la caracterización del sector como un “robo”, e invitó al ministro a compararlo con la propiedad de los políticos. “Que me diga los diseñadores que tienen más de dos propiedades y después que me haga una lista de los políticos que tienen más de dos propiedades”, desafió.

Ambos modistos coincidieron en que la industria está atravesando una de sus peores crisis, con numerosos locales cerrando sus puertas. Fernández, que ha vestido a figuras de renombre como la reina Máxima de los Países Bajos, enfatizó que el gobierno debe acompañar a la industria textil como lo hacen otras naciones, evitando imponer restricciones que la sectoricen aún más.

Incluso Marixa Balli, quien también ha enfrentado la difícil situación del consumo, se sumó a las críticas. Balli consideró que las palabras de Caputo son ofensivas hacia aquellos que no pueden permitirse comprar ropa en el exterior, reflejando una desconexión con la realidad que vive la mayoría de los argentinos.

Este revuelo en la moda nacional pone de manifiesto la tensión existente entre las palabras de los funcionarios y las realidades que enfrenta la ciudadanía. La pregunta que queda en el aire es: ¿qué medidas tomará el gobierno para respaldar este vital sector de la economía?

Fuente: LPO

**Tensión en el Garrahan: Desafuero y Persecución Política**

Manuel Adorni, actual jefe de Gabinete, celebró públicamente el dictamen de la oficina de sumarios del Hospital Garrahan, donde se solicitó el desafuero de diez delegados de la comisión interna con la intención de despedirlos. A través de su cuenta en Twitter, Adorni enfatizó que “el que las hace, las paga”, aludiendo a la toma de oficinas del hospital que ocurrió en octubre de 2025.

Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), el delegado Alejandro Lipcovich cuestionó este movimiento, relacionándolo con la reforma laboral que se debate en el Congreso. “Adorni se enteró casi al mismo tiempo que los trabajadores sobre el dictamen, lo que confirma que se trata de una estrategia política”, aseguró. Además, resaltó que el documento de la oficina de sumarios no debería estar en manos del gabinete.

Lipcovich detalló que al menos 44 trabajadores están involucrados en procesos sumarios, muchos de ellos por participar en protestas en defensa del Garrahan. Adorni, por su parte, defendió la decisión de ir por despidos, argumentando que había trabajadores que querían cobrar por días no trabajados, un punto que abonó su discurso en contra de lo que llama “la izquierda”.

En sus declaraciones, Lipcovich planteó que este accionar reseñaba una decisión de la Casa Rosada para desincentivar a quienes lideran luchas clave en el ámbito de la salud, en particular, la que se vinculaba a la emergencia pediátrica y al aumento de recursos para el Garrahan. Este reclamo había sido aprobado en el Congreso, aunque luego fue vetado por Javier Milei, quien más tarde se vio obligado a revivirlo ante la presión de los legisladores.

El dirigente sindical aseveró que el mensaje del gobierno es claro: “El vaciamiento del hospital no ha cesado. Estamos en estado de alerta, organizando reuniones y asambleas para contrarrestar este ataque”. Pese al dictamen ya emitido, Lipcovich aseguró que ejercerán su derecho de defensa, aunque reconoció que “el veredicto del gobierno ya está escrito”.

Los acontecimientos en el Garrahan reflejan una creciente tensión entre el gobierno y los trabajadores de la salud, lo que plantea un panorama complicado en el ámbito político y social. Las reacciones de los trabajadores evidencian la preocupación por la salud pública y el futuro de los servicios en el hospital.

Fuente: LPO

**Tensión en Corrientes por Aumento de Sueldos Estatales**

El clima es de creciente tensión en Corrientes, donde el gobernador Juan Pablo Valdés ha señalado la falta de fondos para realizar aumentos salariales a los trabajadores estatales. Durante una reciente reunión con la ministra de Educación, Ana Miño, Valdés expresó: “No hay margen para aumentos salariales a los estatales”, anticipando un posible conflicto en el inicio del ciclo académico, pautado para el 2 de marzo.

La situación se complica aún más debido a que el gobernador ha ligado cualquier aumento a la llegada de recursos desde el Gobierno Nacional, afirmando que “sin el envío de fondos desde Buenos Aires o una mejora en la recaudación federal, el bolsillo de los estatales correntinos seguirá en espera”. Esta declaración ha generado preocupación entre los trabajadores, quienes ven amenazadas sus expectativas salariales.

Este contexto se da en medio de negociaciones que los gobernadores están manteniendo con el gobierno de Javier Milei, en particular con Luis Toto Caputo, para que se compense la disminución del impuesto a las Ganancias que afecta a las grandes empresas. La reforma laboral impulsada por Milei no solo busca reducir este impuesto, sino que también tiene un impacto directo en la coparticipación federal, lo que agrava la incertidumbre financiera en las provincias.

Desde el entorno de Valdés, se ha señalado la necesidad de contar con un mecanismo que sostenga los ingresos provinciales ante estos cambios. Se destaca que “toda provincia necesita previsibilidad para sus ingresos y gastos. Si se introducen cambios que afectarán las finanzas provinciales, deberán ser compensados de alguna forma”.

En el marco de esta situación crítica, los actores políticos en Corrientes están a la expectativa de cómo evolucionarán las negociaciones y si efectivamente se realizarán transferencias suficientes que permitan mitigar las tensiones con los trabajadores estatales. La falta de resolución podría derivar en conflictos laborales en el corto plazo, afectando no solo a los empleados públicos sino también a la sociedad en general.

A medida que se acerca la fecha límite para el inicio de las clases y con la presión de los empleados estatales en aumento, se espera que el diálogo entre las partes involucradas sea decisivo para encontrar soluciones viables.

Fuente: LPO