Política
La ruta del dinero qatarí que une a Weretilneck con Toviggno
La revelación del empresario Hugo Alberto Barabucci ha sacudido el escenario político de Río Negro y puesto en la cuerda floja al gobernador Alberto Weretilneck. Durante un juicio en Bariloche, Barabucci admitió haber adquirido cerca de 20 mil hectáreas en una zona clave de la Patagonia gracias a una donación de 2 millones de dólares desde Emiratos Árabes Unidos, en una operación que evade los controles del sistema financiero argentino.
La confesión ha disparado alarmas judiciales por potenciales delitos económicos y violaciones a la Ley de Tierras rurales 26.737, además de dejar en evidencia la posible inacción de organismos de control del estado provincial. Dada la magnitud de la operación, sumada a la sensibilidad del área, el caso se ha convertido en un punto de tensión política con repercusiones que podrían alcanzar la esfera nacional.
Los vínculos entre el gobernador y capitales qataríes no son algo nuevo. La Política Online ha dado a conocer intercambios entre Juan Pablo Beacon y Pablo Toviggino que mencionan directamente la relación del mandatario rionegrino con representantes de ese país, sugiriendo un entramado de relaciones que trasciende lo deportivo.
La confesión de Barabucci, realizada en el contexto de un juicio contra la mapuche Soledad Cayunao, sacó a la luz una red más profunda. Durante el proceso, se reveló la compra de 19.269 hectáreas en el Cerro Carreras, dentro de un Área Natural Protegida andina, además de la frontera con Chile.
Los fondos usados para la adquisición fueron transferidos desde el First Gulf Bank de Abu Dhabi a una cuenta de JP Morgan en Nueva York, lo que despierta sospechas sobre evasión de divisas y lavado de dinero, además de un posible incumplimiento de la Ley 26.737 que limita las compras por parte de extranjeros en tierras de frontera.
La operación involucraba al empresario Marcelo Mindlin, quien vendió las tierras por aproximadamente 2 millones de dólares, lo que resulta en un precio promedio de 106 dólares por hectárea, generando dudas sobre la adecuada valuación de activos de alto valor ambiental.
La falta de intervención de organismos como la Fiscalía de Estado y el Registro de la Propiedad ha suscitado críticas respecto a la eficacia del estado para supervisar tales transacciones. Además, se han planteado pedidos de informes por parte de legisladores como Magdalena Odarda para investigar la legalidad de la compra y el origen de los fondos.
Este escándalo revela una vez más la tensión entre grandes capitales y comunidades indígenas en la Patagonia, reflejando prácticas que buscan desplazar a pobladores históricos de tierras cotizadas por su riqueza natural.
En un contexto más amplio, el caso ha trascendido el ámbito provincial, amenazando con escalar a instancias federales debido a su complejidad. La falta de respuesta articulada del gobierno de Weretilneck, en medio de este escándalo que implica inversores extranjeros y territorios estratégicos, se convierte en un aspecto crítico.
Fuente: LPO
