Milei retiró al Estado de la causa del crédito del FMI a Macri, para favorecer a Caputo

**Milei retira al Estado como querellante en la causa por el préstamo del FMI a Macri**

En una medida que genera controversia, el presidente Javier Milei firmó un decreto que instruye a la Procuración del Tesoro a retirar al Estado de su rol de querellante en la causa que investiga el crédito del Fondo Monetario Internacional (FMI) otorgado a Mauricio Macri durante su gestión. Esta decisión se produce apenas tres días después de que la jueza María Eugenia Capuchetti decidiera archivar la causa, una resolución que fue apelada por el fiscal Franco Picardi.

La jueza Capuchetti, quien fue designada por Macri y tiene conexión con líderes del PRO, argumentó que las acciones de los funcionarios no constituían malversación de fondos, ya que no había normativa que obligara un uso específico de los recursos del préstamo. Este archivo ha suscitado fuertes críticas y desconfianza sobre la imparcialidad del abordaje judicial en este caso.

El decreto firmado por Milei establece el cese de la intervención del Estado por la falta de involucramiento en el uso de más de 41 mil millones de dólares que el FMI le otorgó a Macri, cuya gestión está siendo objeto de escrutinio por el eventual destino de esos fondos. La controversia está marcada por la defensa que Milei parece ofrecer a sus inconvenientes aliados, el exministro de Economía Luis “Toto” Caputo y Federico Sturzenegger, debido a sus roles en la gestión del préstamo.

Es importante mencionar que, antes de su llegada a la presidencia, Milei había sido un crítico abierto de cómo se manejó ese financiamiento, lo que resalta aún más la contradicción en sus actuales acciones. El ex presidente debe afrontar pagos de deuda que suman 57 mil millones de dólares en un año y medio, creando un contexto complicado y de presión política para el manejo de estos eventos.

La decisión de Milei y el cierre de la causa se encuentran en medio de una intensa discusión sobre el uso de fondos públicos, la responsabilidad de los funcionarios, y la necesidad de claridad en la administración pública. El fiscal Picardi, en su apelación, señaló que la evaluación hecha por Capuchetti fue insuficiente y limitada, faltando un análisis integral de las pruebas presentadas que apuntan a un posible esquema defraudatorio.

Este nuevo desarrollo refuerza la opinión pública sobre la falta de transparencia y la necesidad de una investigación rigurosa en un episodio financiero que dejó huellas profundas en la economía argentina.

Fuente: Pablo Dipierri