Política
Paro de médicos y protestas de empleados ponen el descalabro del Pami al borde del estallido
La crisis en el Pami se volvió insostenible tras el inicio de un paro de 72 horas por parte de los médicos que brindan atención a los jubilados. Los profesionales han expresado su malestar debido a reducciones en sus ingresos, que en algunos casos superan el 50% a raíz de la resolución 1107, que modifica las condiciones de facturación de las consultas.
Las protestas también se han intensificado por el clima de incertidumbre en cuanto a la calidad de los servicios de salud. Las farmacias advierten sobre el riesgo de un colapso en la provisión de medicamentos, a la espera de la regularización de los pagos pendientes.
El conflicto se agrava con fuertes acusaciones de desviaciones en las licitaciones y la sospecha de negociados que vinculan a empresas con figuras del poder, lo que genera un entorno de desconfianza. Los médicos cuestionan la falta de consulta en la implementación de estas reformas, que consideran un ataque directo a su sustento y a la calidad de atención que pueden ofrecer.
“Nos quieren pagar 2.100 pesos por paciente al mes, no por cada consulta”, denunciaron desde la Asociación de Profesionales de la Salud del Pami. Esto obligaría a un médico que atendía a 400 pacientes a disminuir su ingreso de aproximadamente $1.600.000 a menos de $850.000. Este cambio, según los profesionales, es insostenible y afecta gravemente la atención médica.
La actual situación refleja una crisis interna, donde también los empleados de la Gerencia de Auditoría Prestacional han alzado la voz, sosteniendo que el área enfrenta un “desguace” que pone en peligro el control de las infraestructuras necesarias para el funcionamiento del servicio.
Desde el gobierno, la tensión es palpable, con un intento de desmarcar responsabilidades. La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, fue clara al señalar que el Pami depende del Ministerio de Salud, dirigido por Mario Lugones, quien ahora enfrenta la presión de solucionar una crisis que parece haber alcanzado su punto de no retorno.
Las denuncias no solo se limitan a la reducción de ingresos para los médicos, sino que además el riesgo de corrupción en las licitaciones complica aún más la situación. De continuar con esta falta de respuestas efectivas, se vislumbra un panorama aún más desafiante para la obra social de los jubilados.
Fuente: LPO
