Provincialización de las rutas: qué pasará con las de nuestra zona

Recientemente, el estado de las rutas nacionales ha levantado ampollas en nuestra región, después de que el Gobierno nacional anunciara el traspaso de varias carreteras a las provincias, un proceso que muchos han calificado de “provincialización de rutas”. Este cambio, presentado como la solución mágica al deterioro de las vías, ha dejado a Buenos Aires fuera de la lista de beneficiadas.

Los habitantes de nuestra zona, que ya lidian a diario con baches, pavimento agrietado y obras inconclusas, verán cómo la provincialización no les ofrecerá alivio inmediato. Mientras tanto, voces críticas apuntan a que este movimiento no es más que un traspaso de responsabilidades sin asegurarse de que los fondos necesarios lleguen a sus destinos.

El ingeniero José Raúl Rizzo, secretario adjunto de la Asociación Gremial de Profesionales y Personal Superior de Vialidad Nacional (CONADUV), ha manifestado su preocupación. Según él, esta transferencia de rutas a las provincias podría culminar en una “doble imposición” para los usuarios, ya que cada provincia podría querer recaudar también por vías poco transitadas.

Rizzo hace hincapié en la necesidad de mantener un estándar nacional, para evitar que cada jurisdicción priorice su red vial de forma arbitraria. “Si tuviéramos los fondos del Impuesto a los Combustibles destinados correctamente, no estaríamos hablando de provincialización”, alegó Rizzo, señalando que la falta de inversión ha dejado la red de caminos en una parálisis que afecta directamente a la conectividad del Sudoeste Bonaerense.

A su juicio, el proyecto podría hacer más daño que bien al fragmentar el servicio de rutas, donde algunos tramos recibirían mejor atención que otros, dependiendo de la conveniencia de cada provincia. La preocupación no es infundada: si se provincializan las rutas, se corre el riesgo de que sólo se atiendan las que son relevantes para ciertos intereses, dejando de lado conexiones vitales.

Por si fuera poco, el esquema de concesiones propuesto podría multiplicar el costo de los peajes, encareciendo de manera significativa el transporte de mercancías y la movilidad de los ciudadanos. Rizzo advirtió que esto podría resultar en peajes exorbitantes incluso para trayectos cortos.

“Esta medida es ilegal, inconstitucional e inoportuna”, sentencia CONADUV, que también denuncia que la gestión de las rutas pasaría a ser menos eficiente y más costosa. El gremio exige la vuelta del control estatal de la red vial y la correcta asignación de recursos.
La situación sigue siendo incierta para Bahía Blanca y la región; los usuarios solo pueden esperar que el asfaltar de sus caminos no termine siendo un juego de azar político.

Fuente: lanueva.com