Política
SALTA: en pleno DEBATE por la LEY DE GLACIARES, acusan a SÁENZ y ROYÓN de TENER vínculos con EMPRESAS MINERAS
El debate sobre la legislación que protege los glaciares en Argentina está generando intensas controversias, especialmente en Salta, donde el gobernador Gustavo Sáenz y la senadora Flavia Royón enfrentan acusaciones serias de vínculos con empresas mineras. Estas afirmaciones se dieron a conocer en medio de una denuncia presentada por abogados ambientalistas, quienes acusan a Royón de incurrir en delitos contra la administración pública.
Durante una audiencia celebrada en el Congreso de la Nación el pasado 25 de marzo, el presidente de la Asociación de Abogados Ambientalistas, Enrique Viale, criticó abiertamente a Sáenz y Royón. Viale señaló que “la actitud de estos gobernadores, como Sáenz, tiene un manejo semi colonial”, y alertó que el cambio normativo podría traducirse en grandes beneficios económicos a expensas del bienestar de la población local.
Según Viale, Royón está directamente involucrada en consultorías que benefician a empresas como Rio Tinto y Zelandez Holding. “Está probado que Royón forma parte de una consultoría en la que se ven beneficiadas las empresas. Los dos tienen relaciones con las mineras, en lugar de representar los intereses de la población”, aseguró.
Desde el gobierno provincial, se sostiene que la modificación de la Ley de Glaciares impulsaría el desarrollo económico de Salta, aunque se admite que no se han especificado los proyectos concretos que se verían beneficiados, más aún teniendo en cuenta que la provincia no cuenta con glaciares en su territorio.
En respuesta a las acusaciones, el equipo de prensa de Royón envió un comunicado en el que se detalla su desvinculación de Zelandez Holding en diciembre de 2025, antes de asumir su cargo legislativo. Asimismo, se afirma que confía en la justicia y no teme ninguna investigación relacionada con su actuar.
El cuestionado contexto en el que se desarrollan estos hechos se profundiza con la reciente sanción del Régimen de Incentivo para Grandes Inversores, cuyo primer proyecto se ejecuta en Salta de la mano de Rio Tinto. Esta situación ha generado un ambiente de especulación sobre la real intención detrás de los cambios legislativos propuestos, generando dudas en la ciudadanía sobre la verdadera representación de sus intereses.
El paisaje político salteño se encuentra así en un momento crucial, donde las decisiones que se tomen sobre la Ley de Glaciares podrían tener un impacto significativo en la relación entre la política, la economía y el medio ambiente en la región.
Fuente: Lula González
