Santiago Caputo coordinó la ley de Inocencia Fiscal y confirma su regreso a la operación sobre el Congreso

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Santiago Caputo, asesor presidencial, ha tomado las riendas de la recientemente sancionada ley de Inocencia Fiscal, un proyecto destinado a estimular la economía al incentivar a los ciudadanos a reintegrar sus ahorros en dólares al sistema financiero. Esta normativa busca ofrecer tranquilidad a aquellos que poseen activos no declarados, minimizando el temor a posibles represalias por parte de la agencia recaudadora.

El legislador ha seguido de cerca el proceso de aprobación de la ley, reflejando su interés en consolidar su influencia en el ámbito fiscal.

La normativa, impulsada por Caputo junto a un equipo que incluye a figuras como Juan Pazo, ex director de ARCA, y Silvina Rivarola, directora del Banco Central, busca revivir iniciativas similares de la década de 1990 bajo el concepto de “tapón fiscal”. La idea central es crear un ambiente amigable para quienes poseen dinero fuera del circuito financiero, animándolos a invertirlo sin el miedo de ser perseguidos por los gobiernos futuros.

Caputo ha regresado al escenario político del Congreso, reflejado en su activa participación durante las negociaciones del Presupuesto, donde logró asegurar el apoyo de gobernadores para garantizar su aprobación sin cambios que lleven a una nueva discusión en la Cámara de Diputados.

Con este movimiento se avivaron las tensiones internas con la familia Menem, que se ha mostrado en el Senado en un intento de reafirmar su influencia y marcar territorio en este momento decisivo. La ley ha sido objeto de intenso debate, y aunque oficialmente se presenta como un “blanqueo suave”, su efectividad y alcance real siguen siendo motivo de análisis por expertos en el ámbito tributario.

Antes de su presentación en el Congreso, el equipo de Caputo realizó esfuerzos significativos para pulir el proyecto, consultando a tributaristas, penalistas y expertos en lavado de activos.

De este modo, la ley de Inocencia Fiscal se posiciona como una herramienta clave en la estrategia económica del gobierno, buscando reactivar el consumo y atraer ahorros hacia el sistema bancario, al tiempo que refuerza el principio de inocencia para los ahorristas argentinos.

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Fuente: LPO

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