Política
Villarruel complica el pase del fuero laboral a la Ciudad y choca con Milei
La reciente propuesta del gobierno para trasladar el fuero nacional laboral a la Ciudad de Buenos Aires ha sumado un nuevo obstáculo. La vicepresidenta Victoria Villarruel podría estar retrasando este proceso crucial mediante una maniobra administrativa que podría alargar la discusión en el Senado.
La firma de un convenio es solo el primer paso; este deberá ser ratificado tanto por la Cámara alta como por la legislatura porteña. El presidente Javier Milei intentó acelerar este trámite, presentando el convenio como parte de una reforma laboral que se votará en breve. Sin embargo, la decisión del secretario parlamentario del Senado, alineado con Villarruel, ha hecho que el convenio deba seguir el camino usual de las leyes, lo que podría retrasar la aprobación por varias semanas.
El fuero nacional enfrenta resistencia, incluso de los propios jueces. Muchos de ellos sienten que una transferencia a la jurisdicción provincial menoscabaría su investidura. Si se concreta el traspaso, estos jueces tendrían que rendir cuentas ante el consejo de la magistratura de la Ciudad.
La situación se complica aún más por la relación de Villarruel con otras figuras políticas. Algunos analistas sospechan que Patricia Bullrich, cuya conexión con los jueces laborales es bien conocida, podría estar detrás de la estrategia de dilación implementada por Villarruel. Este cuestionamiento se intensificó después de que el ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia, firmara el convenio con la Nación, justo antes de que surgieran los rumores sobre posibles bloqueos en el Senado.
Los jueces han logrado frenar el proceso mediante una medida cautelar, aunque esta podría ser eventualmente revocada. Desde la Corte Suprema se observa con interés el avance del traspaso, ya que esto disminuiría considerablemente el número de casos que llegan a sus instancias.
Si el convenio es ratificado, se abrirá una oportunidad significativa para el consejo de la magistratura porteño, que tendría la potestad de designar a numerosos jueces laboristas. Este tema ha sido un eje de la política de Mauricio Macri y, por ende, es de gran relevancia para los empresarios que critican la supuesta inclinación del fuero hacia los trabajadores, a menudo calificándolo de pro-juicio.
Con el apoyo de algunos sectores empresariales, el gobierno busca revertir cualquier estrategia dilatoria y aprobar el convenio a la mayor brevedad posible. Dada la complejidad del contexto político, la presión aumentará sobre los senadores que tendrán que tomar decisiones sobre un tema tan sensible.
Fuente: LPO
